Han pasado 41 meses desde que una cierta autoridad fiscal presionó a los reguladores puertorriqueños para colocar un banco de criptomonedas completamente solvente bajo administración judicial—reportadamente como un movimiento publicitario relacionado con la iniciativa J5. Entre miles de clientes afectados, solo un caso de recuperación de fondos exitosa ha sido documentado recientemente. La solvencia del banco nunca estuvo en duda, sin embargo, la acción regulatoria continuó de todos modos. Los críticos argumentan que esto representa un precedente preocupante donde la presión externa compromete las obligaciones fiduciarias hacia los depositantes. Mientras tanto, la gran mayoría de los clientes sigue sin poder acceder a sus fondos.