Según el último anuncio publicado por el bufete de abogados estadounidense Gibbs Mura, la firma está llevando a cabo una investigación sobre una demanda colectiva en respuesta al incidente de hackeo de Drift Protocol ocurrido el 1 de abril. El objetivo de la responsabilidad recae directamente en el emisor de stablecoins USDC, Circle, a quien se le acusa de “no hacer nada” cuando los hackers gastaron varias horas para mover 230 millones de dólares en fondos robados entre cadenas, sin ejercer a tiempo su derecho de congelación.
(Antecedentes: Después del robo de 280 millones de dólares de Drift》La Fundación Solana impulsa el plan de ciberseguridad STRIDE+SIRN: Acuerdo gratuito con paracaídas de protección para el TVL que supera los 10 millones)
(Aclaración de contexto: Informe del caso de robo de 280 millones de dólares del protocolo Drift: un “ataque norcoreano de ingeniería social” meticulosamente infiltrado durante medio año)
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El gigante del ecosistema Solana, Drift Protocol, sufrió un ataque informático devastador el 1 de abril de 2026, lo que provocó que se robasen los fondos de los usuarios por un total de entre 280 y 285 millones de dólares. Ahora, la ira legal por la debacle DeFi se dirige formalmente al segundo emisor de stablecoins más grande del mundo, Circle.
El reconocido bufete estadounidense de recuperación por fraude financiero Gibbs Mura, A Law Group publicó un comunicado oficial, anunciando que ya inició una investigación de demanda colectiva por la explotación de la vulnerabilidad de Drift Protocol y llamando a los inversores afectados a unirse a la búsqueda de reembolso.
Al revisar este impactante incidente de seguridad, la empresa de análisis de blockchain Elliptic sospecha que el ataque fue planeado por un grupo de hackers de nivel estatal norcoreano. Los atacantes aprovecharon las funciones legítimas de Solana, firmaron con semanas de antelación las transacciones de administración y las ejecutaron en el momento clave, logrando arrebatar con éxito el control de gobernanza del protocolo Drift.
Este ataque fue un golpe devastador para el ecosistema: el valor total bloqueado (TVL) de Drift cayó instantáneamente de 550 millones de dólares a menos de 250 millones de dólares; su token nativo DRIFT se desplomó más de 40% e incluso provocó pérdidas indirectas a causa de la exposición sufrida por al menos 20 otros protocolos DeFi.
El foco de la investigación del bufete Gibbs Mura está en el proceso de lavado de dinero después de que los hackers lograron su objetivo. El comunicado señala que, en poco más de seis horas, mediante más de 100 operaciones, los hackers utilizaron el protocolo oficial de transferencia entre cadenas de Circle (CCTP) para transferir con éxito más de 230 millones de dólares en USDC robados desde Solana hasta Ethereum. Sin embargo, durante las horas que duró el robo, Circle no tomó ninguna medida para congelar esos fondos.
Lo que más molesta a los inversores y al ámbito jurídico es que, nueve días antes de que ocurriera el incidente del hacker de Drift, Circle solo en otro caso civil no relacionado mostró un interés extremadamente activo al congelar 16 carteras empresariales. Esto demuestra claramente que Circle no solo cuenta con la capacidad técnica y los permisos contractuales para congelar fondos, sino que también tiene la voluntad de intervenir.
Gibbs Mura condenó con dureza el “doble estándar” de Circle al ejercer su poder de congelación: actúa con entusiasmo ante empresas legítimas, pero ignora un incidente de hacker que ya confirmaba cientos de millones de dólares. Actualmente, la investigación sobre la demanda colectiva de la firma se centrará en revisar lo siguiente:
Gibbs Mura afirma que adoptará un modelo de “fee contingente (contingency fee basis)” para representar a las víctimas al presentar la demanda, lo que significa que los inversores no necesitan pagar gastos legales iniciales de su propio bolsillo. Esta demanda no solo es crucial para el reembolso de los fondos de las víctimas, sino que además podría redefinir las responsabilidades legales y de supervisión que debe asumir un emisor centralizado de stablecoins ante un incidente de hackeo en finanzas descentralizadas (DeFi).