Una pieza clave en la legislación de criptomonedas en EE. UU. enfrenta un giro inesperado. La audiencia del Comité de Banca del Senado, originalmente programada para este jueves, corre el riesgo de ser pospuesta debido a profundas diferencias bipartidistas, especialmente en torno a las cláusulas de rendimiento de las stablecoins.
En medio de esta tensión, Coinbase, la mayor plataforma centralizada del país, ha retirado su apoyo al proyecto de ley, con el CEO Brian Armstrong declarando abiertamente “prefiero no tener ley que tener una mala ley”, lo que aumenta la incertidumbre en el proceso legislativo. Estos eventos muestran que la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, que busca ofrecer un marco regulatorio claro para el mercado cripto en EE. UU., se encuentra en un lodazal de política partidista, conflictos internos de la industria y luchas con las fuerzas tradicionales financieras. El destino final de la ley no solo determinará si EE. UU. mantiene su liderazgo en innovación financiera digital, sino que también tendrá un impacto profundo en el panorama regulatorio global de las criptomonedas.
El ambiente en Washington está impregnado de una tensión familiar. La audiencia crucial del Comité de Banca del Senado, prevista para este jueves, ahora pende de un hilo. En ella, los senadores debían debatir, modificar y votar el borrador de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, para decidir si lo envían al pleno del Senado. Sin embargo, según Cynthia Lummis, una de las principales impulsoras del proyecto y senadora republicana de Wyoming, la audiencia “podría ser pospuesta”.
La causa no es presión externa, sino diferencias internas insalvables en el comité. Aunque Lummis insiste en que el texto bipartidista está listo y llama a sus colegas demócratas a “no retroceder en los avances logrados”, varios republicanos, incluyendo al senador Thom Tillis, expresan desacuerdo con varias cláusulas del borrador. Entre ellas, la que trata sobre si las stablecoins pueden ofrecer rendimientos a sus holders, que se ha convertido en uno de los puntos más polémicos. Este “rendimiento” generalmente se refiere a intereses generados por staking o préstamos, considerados por la banca tradicional como una amenaza directa a sus depósitos, mientras que en la industria cripto se ven como una innovación financiera y un derecho del usuario.
El portavoz de Lummis no hizo comentarios inmediatos tras la filtración, y la oficina del presidente del comité, Tim Scott, guardó silencio, lo cual suele interpretarse como una señal de que el proceso legislativo está en dificultades. Es importante aclarar que esta no es la primera vez que la ley se retrasa. La reunión originalmente prevista para el 15 de enero fue pospuesta hasta finales de ese mes, alegando “la necesidad de más tiempo para obtener apoyo bipartidista”. Ahora, justo antes de la fecha prevista, se vuelve a escuchar que podría retrasarse, lo que proyecta una sombra sobre su posible aprobación. En Washington, los retrasos suelen traducirse en una fermentación de oposiciones y en la pérdida de consenso.
Mientras los legisladores negocian en secreto, la industria cripto en público también protagoniza un episodio dramático. Coinbase, la empresa emblemática del sector en EE. UU. y participante clave en el cabildeo legislativo, anunció el miércoles por la noche en redes sociales que retira su apoyo al borrador de ley. Este movimiento, en un momento crucial del proceso, ha sido interpretado como un impacto sísmico.
Armstrong fue contundente y directo. Afirmó que la versión del borrador publicada el lunes tiene “demasiados problemas” y que, si se aprueba tal cual, “será peor que la situación actual”. Enumeró varias preocupaciones: que el borrador podría prohibir “de facto los tokens como valores”, que impone regulaciones poco realistas para DeFi, que tiene fallos en la definición del rol de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC), y que más de 75 enmiendas propuestas generan inquietud. “Preferimos no tener ley que tener una mala ley”. La declaración de Armstrong rápidamente se convirtió en tema de discusión en la industria y más allá.
Este cambio de postura es significativo. Como empresa pública que busca mantener una relación constructiva con reguladores, Coinbase había sido un actor principal en impulsar la legislación en el Congreso. Su “retirada” envía dos señales clave: primero, que el borrador actual podría estar tocando las líneas rojas de la innovación y los modelos de negocio en cripto, especialmente en DeFi y generación de rendimientos; y segundo, que las diferentes áreas de la industria no comparten una visión unificada de lo que sería una “buena ley”. Aunque Armstrong afirmó estar “bastante optimista” sobre lograr un resultado correcto mediante negociaciones, su retirada en el último momento debilita la narrativa de que la ley cuenta con un amplio respaldo del sector, y da argumentos a los opositores.
¿Por qué una ley que busca “claridad” genera tanto revuelo? La respuesta está en un punto técnico pero crucial: ¿pueden, y cómo, las stablecoins ofrecer rendimientos a sus holders?. Aunque parece un detalle de producto, en realidad es una batalla frontal entre el sistema financiero tradicional y la nueva economía financiera basada en cripto.
Las fuerzas tradicionales, representadas por la Asociación de Bancos de EE. UU., han lanzado una ofensiva feroz. Presentaron una petición firmada por más de 3,200 bancos, exigiendo prohibir cualquier forma de rendimiento o recompensa para las stablecoins. Argumentan que los rendimientos atraerían depósitos fuera del sistema bancario hacia las criptomonedas. La asociación afirma que “a diferencia de los préstamos tradicionales a comunidades (como préstamos automotrices, agrícolas o hipotecarios), las empresas cripto que ofrecen recompensas en stablecoins extraerían billones de dólares de los préstamos locales, reduciendo los fondos disponibles para impulsar la economía local”. Es una estrategia clásica de lobby que enfrenta a las criptos con el interés comunitario y la economía nacional.
Desde la perspectiva de la industria cripto, esto es otra cosa. El “rendimiento de stablecoins” no proviene de un diferencial de préstamos, sino de staking, provisión de liquidez o participación en tokenización de bonos del Estado en protocolos descentralizados o centralizados. Representa un modelo de eficiencia de capital y creación de riqueza basado en blockchain y contratos inteligentes. Restringir o prohibir estos rendimientos sería, en su visión, un golpe a la innovación y dejaría a EE. UU. en desventaja frente a la competencia global. Coinbase ha puesto en la mesa la protección de los rendimientos como una línea roja en las negociaciones, y la retirada de Armstrong refleja esa línea being crossed. Scott, presidente del comité, admitió que las nuevas formulaciones sobre rendimientos están en discusión entre legisladores y partes interesadas, y espera llegar a un acuerdo, aunque aún no hay consenso.
La “acción unilateral” de Coinbase no representa toda la industria, sino que revela las tensiones internas en la estrategia y los intereses del sector. Casi simultáneamente, Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, expresó en redes sociales su apoyo a la ley, calificándola como “un gran paso para ofrecer un marco cripto viable y seguir protegiendo a los consumidores”, y resaltó que “la claridad es mejor que la confusión, y el éxito de la ley será el éxito de la industria”. Como empresa que ha tenido largos enfrentamientos legales con reguladores, Ripple quizás tenga una urgencia mayor en obtener “claridad regulatoria”.
Las principales organizaciones de cabildeo en cripto muestran una postura más cautelosa y pragmática. La Cámara de Comercio Digital afirmó que, aunque el borrador del Comité de Banca es “un trabajo en progreso”, están promoviendo activamente mejoras y enmiendas para fortalecerlo. “Independientemente del resultado de la reunión de mañana, continuaremos participando en cada paso del proceso para ayudar a que la ley final sea efectiva para nuestros miembros, innovadores y consumidores en EE. UU.”. La Asociación de Blockchain también indicó que están discutiendo la postura de Coinbase y aún no han decidido próximos pasos.
Esta fragmentación es comprensible. Diferentes empresas cripto, por sus modelos de negocio, presiones regulatorias y estrategias a largo plazo, valoran distintos aspectos del mismo proyecto de ley. Por ejemplo, una firma centrada en protocolos DeFi será más sensible a las cláusulas de regulación de finanzas descentralizadas que una plataforma de trading spot tradicional. Estas diferencias internas, aunque reducen la capacidad de negociación del sector en conjunto, reflejan también la madurez del mercado: la criptoeconomía ya no es un bloque homogéneo, sino un ecosistema complejo de competencia y colaboración. Los legisladores deben gestionar y coordinar un escenario de intereses diversos y en constante cambio.
En conjunto, el destino de esta ley de estructura del mercado cripto trasciende la simple legislación. Se ha convertido en una partida estratégica sobre si EE. UU. podrá mantener su liderazgo en la economía digital del futuro. Su aprobación enviará una señal clara: EE. UU. busca establecer un marco regulatorio inclusivo y ordenado para los criptoactivos, atrayendo talento y capital global. Si fracasa por disputas internas o produce una “mala ley” que limite la innovación, podría ceder esa posición a la Unión Europea, Reino Unido o Asia.
Desde la perspectiva política, el reto es estructural. La ley necesita primero consenso en el Comité de Banca, controlado por los republicanos, y luego apoyo suficiente en el Senado, que requiere 60 votos, incluyendo algunos demócratas. Además, una preocupación histórica del Partido Demócrata —que ex presidentes como Trump y su familia hayan obtenido beneficios del cripto— también debe abordarse en los aspectos éticos del proyecto. Scott admitió que las negociaciones en los últimos días han sido “vivas y con opiniones fuertes”, y que la discusión está “llena de pasión”. Esa “pasión” puede ser tanto un motor como un obstáculo para el acuerdo.
Para el mercado cripto, la incertidumbre a corto plazo puede frenar la toma de riesgos. La repetición y posible retraso del proceso legislativo significa que la “claridad regulatoria” que tanto ansían seguirá postergada. Sin embargo, a medio y largo plazo, un resultado positivo y bien diseñado puede traer beneficios institucionales, atrayendo más inversión institucional y consolidando un entorno más estable. Los inversores deben seguir de cerca si la audiencia se realiza según lo previsto, si Coinbase y otros actores logran nuevos acuerdos con legisladores, y qué términos específicos se adoptan en temas clave como los rendimientos de stablecoins y la regulación de DeFi. Pase lo que pase, esta lucha legislativa en Washington deja claro que las criptomonedas son ya un tema central en la agenda política y económica del país, y que su regulación y adopción en la corriente principal avanzan, aunque con obstáculos, en una dirección irreversible.