El presidente Trump ha confirmado recientemente que firmará una orden ejecutiva con la que pretende sustituir las normativas estatales existentes o en desarrollo sobre la regulación de la inteligencia artificial por una política federal más laxa. Trump declaró en Truth Social que Estados Unidos debe mantener “reglas unificadas”, advirtiendo que de lo contrario el liderazgo estadounidense en la carrera global de la inteligencia artificial podría verse debilitado. Señaló que si los 50 estados establecen sus propias normativas, “la inteligencia artificial será estrangulada en su fase inicial”.
Este plan ha suscitado rápidamente la preocupación de organizaciones de seguridad, académicos y legisladores estatales de ambos partidos. En los últimos meses, a medida que la tecnología de inteligencia artificial penetra en la vida cotidiana —incluyendo los ámbitos sanitario, policial, de contratación, generación de contenidos y comunicaciones—, varios estados han promulgado leyes para limitar las deepfakes y frenar la discriminación algorítmica, entre otras cuestiones. Ante la falta de una legislación federal integral, la regulación a nivel estatal se considera un medio fundamental para cubrir los vacíos de seguridad en IA.
Los críticos sostienen que la orden ejecutiva de Trump podría debilitar la supervisión, permitir a las grandes tecnológicas eludir responsabilidades y dificultar la prevención de riesgos asociados a la IA, como daños a usuarios por recomendaciones erróneas, acceso de menores a contenidos inapropiados, sesgos algorítmicos, violaciones de la privacidad y difusión de información falsa. Por el contrario, los defensores —incluidos líderes de Silicon Valley como el CEO de OpenAI, Sam Altman— argumentan que la fragmentación regulatoria a nivel estatal obstaculiza la innovación, ralentiza el avance estadounidense en la carrera global de la IA y afecta tanto a la seguridad nacional como a la ventaja económica.
Según un borrador filtrado por CNN, la orden ejecutiva instruirá al fiscal general de los Estados Unidos a crear un “grupo de trabajo sobre litigios de IA” para impugnar las leyes estatales y reemplazarlas por un marco unificado a nivel federal. El argumento central del gobierno de Trump es aliviar la carga regulatoria para las empresas y acelerar el desarrollo de la IA mediante un sistema normativo único.
Sin embargo, las voces críticas no dejan de crecer. Cientos de colectivos —incluidos sindicatos de trabajadores tecnológicos, organizaciones de protección al consumidor e instituciones educativas— han firmado una carta conjunta al Congreso advirtiendo de que prohibir la regulación estatal podría provocar desempleo masivo, fijación monopolística de precios y un aumento drástico del consumo energético, entre otros problemas sociales. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, incluso ha calificado esta medida de “expansión excesiva del poder federal”, que privaría a los estados de la capacidad de proteger a sus ciudadanos.
A medida que el borrador se acerca a su versión final, la pugna política e industrial por el control de la regulación de la IA en Estados Unidos se intensifica, y el modelo regulatorio que finalmente se adopte podría influir en la competitividad, la seguridad y el impacto social del país en el ámbito de la inteligencia artificial.
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