Un tribunal federal ha invalidado la decisión de la administración Trump de recortar $8 mil millones en subvenciones energéticas, con el juez determinando que los recortes—que afectaron desproporcionadamente a los estados con liderazgo demócrata—contradecían las protecciones constitucionales. La sentencia plantea preguntas importantes sobre el marco legal que rige la autoridad ejecutiva en la política fiscal y podría tener implicaciones más amplias sobre cómo se despliegan los mecanismos de financiación gubernamental en diferentes jurisdicciones. Esta intervención judicial subraya las tensiones continuas en torno a la coherencia regulatoria y el trato a nivel estatal en los programas federales.