**El juicio del fundador de FTX toma un nuevo rumbo: libertad de prensa vs. justicia en casos de alto riesgo en cripto**

La batalla legal que rodea al ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, continúa intensificándose a medida que surge una tensión clave entre los derechos de los medios de comunicación a informar y las protecciones para un juicio justo. Recientemente, The New York Times intervino con una presentación formal, argumentando que las organizaciones de noticias y el público tienen protecciones constitucionales para recibir información sobre el caso, incluso cuando los fiscales temen que la cobertura mediática pueda prejuzgar el causa.

La disputa central gira en torno a un controvertido artículo de julio publicado por The New York Times, que incluía detalles de los diarios privados de la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison. El artículo exploraba las dinámicas profesionales y personales de Ellison con SBF, revelando insights sobre cómo operaba en su firma de comercio de criptomonedas. El equipo legal de Bankman-Fried alegó que la historia formaba parte de un esfuerzo coordinado para intimidar a Ellison antes de que testificara, lo que podría influir en su credibilidad como testigo de la fiscalía.

**Libertad de prensa vs. protección del juicio**

En una presentación del 2 de agosto ante el juez Lewis Kaplan en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el asesor general adjunto de The New York Times, David McCraw, realizó un argumento legal matizado. Señaló que, dado que Bankman-Fried no es abogado, el estándar legal para imponer órdenes de silencio en su contra debería ser más estricto que para los abogados. Más importante aún, McCraw enfatizó que la Primera Enmienda protege el derecho de los periodistas a informar sobre asuntos de interés público legítimo.

"Ella ha confesado ser una participante central en un esquema financiero que defraudó a inversores por miles de millones de dólares", escribió McCraw, refiriéndose a Caroline Ellison. El hecho de que los reguladores y las fuerzas del orden no detectaran el esquema hasta que ya habían desaparecido miles de millones, argumentó, significa que el público tiene todo el derecho a entender quién fue responsable y qué hicieron. McCraw sostuvo que las organizaciones de noticias simplemente cumplen con su deber constitucional de informar al público sobre asuntos de interés significativo.

**Las implicaciones para SBF**

Bankman-Fried enfrenta una presión legal creciente. Los fiscales buscan revocar su fianza de 250 millones de dólares, alegando que su reciente participación en los medios demuestra que no se puede confiar en que siga las restricciones judiciales. El ex emprendedor de cripto ya está prohibido de usar aplicaciones de mensajería, VPNs y ciertas tecnologías, y debe permanecer en la casa de sus padres en California como condición de su libertad condicional.

El calendario legal de SBF sigue siendo implacable. Aún enfrenta 12 cargos criminales distribuidos en dos juicios separados programados para octubre de 2023 y marzo de 2024. El Departamento de Justicia hizo una concesión: anunció planes de retirar cargos relacionados con violaciones de financiamiento de campañas, citando complicaciones derivadas de su acuerdo de extradición con las Bahamas, donde fue arrestado originalmente antes de ser transferido a custodia de EE. UU.

La cuestión más amplia que plantea el caso SBF va más allá de un solo acusado: ¿Cómo equilibran los tribunales el derecho constitucional del público a la información con la responsabilidad de los jueces de garantizar juicios justos? Como demuestra el caso del artículo de Caroline Ellison, esta tensión sigue sin resolverse y es profundamente controvertida.