La UE acaba de imponer a cierta red social una multa de $140M bajo su Ley de Servicios Digitales. ¿Las supuestas infracciones? Bastante vagas, si me preguntas.

Pero, ¿qué está pasando realmente aquí? Algunos dicen que esto no es la típica aplicación de protección al consumidor. Los cargos parecen muy endebles cuando los analizas a fondo. Te hace preguntarte si hay algo más detrás de esta decisión.

El momento también es interesante. La plataforma ha estado desafiando los límites en la moderación de contenido últimamente. Y de repente, llega esta multa enorme.

Llámalo como quieras, pero cuando los reguladores apuntan a plataformas conocidas por políticas de libertad de expresión más laxas con sanciones de este calibre basadas en infracciones poco claras, surgen dudas. ¿Se trata de proteger a los usuarios? ¿O de poner como ejemplo a las plataformas que no se alinean con la visión de ciertos gobiernos sobre cómo deben funcionar los espacios online?

La DSA otorga a Bruselas un poder real para imponer su visión sobre la regulación de internet. Y está claro que no tienen reparos en utilizarlo. Si crees que esto es una supervisión necesaria o un exceso regulatorio, probablemente depende de tu postura en el debate sobre libertad de expresión frente a responsabilidad de las plataformas.

En cualquier caso, $140 millones envían un mensaje. Y esa plataforma lo ha recibido alto y claro.